Un estudio realizado por la Asociación de Centros de Empleo sin ánimo de lucro de Navarra (Acemna) demuestra que cada euro invertido en estos centros dedicados a personas con discapacidad supone un retorno de 2,09 euros a la sociedad.
En el informe se explica que 37 céntimos vuelven a la administración vía impuestos, 91 céntimos van a salarios de personas con discapacidad y el resto, más de 80 céntimos, para otras contratas, salarios y suministros. El vicepresidente de Acemna y gerente del centro especial de empleo Tasubinsa, José Pérez, indicó que el estudio surge ante la preocupación existente en una «época de recortes» por la necesidad de priorizar el gasto.
Esto les llevó a plantear la necesidad de que «tanto la sociedad como la clase política vieran que la inversión que se hace en los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro tiene un retorno, no solo para las personas con discapacidad, que lo tiene, porque tienen un trabajo digno, una manera de ganarse el sustento, sino que también repercute a nivel social». A esto añadió que «no es una subvención a fondo perdido, hay un retorno económico directo, al que se suman otros ahorros para la Administración».
Desde Acemna valoraron en rueda de prensa que en Navarra, a diferencia de lo ocurrido en el resto de comunidades, el Gobierno ha mantenido el apoyo del 75% del Salario Mínimo Interprofesional a cada trabajador con discapacidad de difícil empleabilidad. «Esta ayuda, un 25% superior a la que se aporta a nivel estatal, es una medida inteligente del Gobierno, ya que es fruto del diálogo, de la negociación con el sector y de la huida de intereses cortoplacistas», afirmó el presidente de Acemna, Ángel Gastón. En este sentido, el informe tiene el objetivo de facilitar a la Administración herramientas para valorar dónde conviene más invertir o no.
La presentación del estudio tuvo lugar ayer en un acto en el que participaron, además de los responsables de Acemna, la directora de Proyección Externa de Ecodes (organización que, junto con la consultora Alter Civites, ha ejecutado el informe), Cristina Monge. Los dos centros en los que se realizó el estudio fueron Tasubinsa en Navarra y Gureak en la CAV, donde se utilizó una metodología de análisis similar a la de gobiernos como el de Gran Bretaña o el de Australia.